El director general reveló cómo durante las administraciones pasadas, antes de la llegada del Andrés Manuel López Obrador en 2018, la corrupción se enquistó en el Infonavit.
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), presentó la mañana de este miércoles la propuesta de reforma para impulsar la vivienda a favor de las y los trabajadores, y reveló una serie de casos de corrupción y desvíos de recursos.
Oropeza expuso el caso de Telra Reality, una empresa contratada por el Gobierno en 2014 por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. Al finalizar el plazo de dos años, en 2016, la empresa no entregó el servicio contratado y en lugar de ser penalizada, se le pagó una indemnización de cinco mil millones de pesos.
Dos de los cinco socios de Telra devolvieron dos mil millones de pesos que fueron entregados al Infonavit, pero los otros tres socios se han negado a regresar los tres mil millones restantes.
El funcionario federal exhibió un documento atribuido al despacho legal White & Case, presentado por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit, como justificación del pago de indemnización de los cinco mil millones de pesos, y que obra como prueba en la carpeta de investigación del caso.
Apuntó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que en el caso de Telra existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas directamente por el Instituto, y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018.
Ante la intervención de la ASF, por alguna razón, explicó Romero Oropeza, los Sectores Empresarial y de Trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el Informe de Resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra del Sector Gobierno y la oposición de la dirección general.
A la fecha continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF. El argumento principal es que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los "recursos privados" que pertenecen a los trabajadores.
Caso de corrupción Línea III
Línea III es un programa que se creó para financiar a constructores de vivienda para derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las Direcciones Sectoriales de los Trabajadores y Empresarial, y así son presentados al Consejo de Administración para su autorización, sin que existan diagnósticos o estudios previos.
Oropeza indicó que se han identificado 22 proyectos autorizados en 2017 y 2018 que no han sido concluidos y presentan un adeudo vencido al Infonavit de 575 millones de pesos. Adicionalmente, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.
Dichas cantidades, aclaró Oropeza, no incluyen inflación ni intereses, que al cuantificarse duplicarían los montos.
El titular del Infonavit detalló que esos 22 proyectos recibieron recursos públicos para la compra de terreno, licencia y permisos de construcción de infraestructura; sin embargo, ninguno construyó vivienda alguna y, en el caso de cuatro desarrolladoras, incluso se les dio más dinero que era parte del crédito de los trabajadores.
REFORMAS A LA LEY INFONAVIT V2"Sin haber construido una vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. En la Administración pasada se detuvo esto. Se estaba perjudicando a la gente, se le estaba cobrando una vivienda que no se les había entregado. Pero lo que estamos haciendo en esta Administración es tratar de sacar a la gente de este problema, porque hoy tienen atrapado su crédito. Ni tienen la vivienda porque no se las entregaron, ni pueden sacar otro crédito", explicó desde Palacio Nacional.
La primera auditoría
Luego de la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Martínez Velázquez, quien fue director del Infonavit en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, relató cómo los representantes sectoriales que conformaban la Administración del Instituto se amparaban contra la Auditoria Superior de la Federación.
"Como lo mencionó hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum, los representantes sectoriales, en contra de toda lógica, siempre buscaron ampararse en contra de la Auditoría Superior de la Federación o sus resultados. Aquí una carta de 2023 en la que expresé mi desacuerdo al Consejo. En aquella ocasión ambos sectores, con el voto en contra del Gobierno, decidieron por el amparo. Aun con eso nosotros contestamos las auditorías, con todo y amenazas de los sectores, y las solventamos. Fuimos la primera Administración auditada, eso es un orgullo. Qué bueno, y me da mucho gusto, que se recuerde que muchos de los que hoy piden voz en las decisiones la hayan usado para sostener sus privilegios", escribió en X, antes Twitter.
Como lo mencionó hoy la Presidenta @Claudiashein los representantes sectoriales, en contra de toda lógica, siempre buscaron ampararse en contra de la Auditoría Superior de la Federación o sus resultados, aquí una carta de 2023 en la que expresé mi desacuerdo al consejo. En… pic.twitter.com/gEjolEbhD4
— Carlos Martínez V. 🏳️🌈 (@carlosmartinezv) December 18, 2024
¿Qué cambios propone Sheinbaum para el Infonvit?
El titular del Infonavit destacó que hay en México 7.3 millones de trabajadores que tienen derecho a un crédito para obtener una vivienda de interés social, pero que no existen en el mercado opciones.
Con la nueva Administración del Instituto, el sistema de vivienda tendrá visión social. La constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para las y los trabajadores que menos ganan, y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente.
-Ofrecerá créditos baratos.
-El Infonavit tendrá la capacidad de desarrollo de vivienda y construcción.
-Ofrecerá arrendamiento y posterior compra. Las personas podrán rentar una vivienda sin exceder el 30 por ciento de su salario.
